Alianza Lógica es un partido de ámbito de actuación nacional, constituido para contribuir democráticamente a la determinación política nacional y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos y compatriotas, así como promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la representación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, aspirando a transformar la sociedad, para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos y las civilizaciones, y que se atiene a y proclama los siguientes fines generales y específicos:
Autodenominación y Fines Generales
Sección Primera: Preámbulo
La democracia se define con frecuencia recurriendo a la etimología del término que la designa. Esta definición, como otras que vienen a decir más o menos lo mismo, no es incorrecta pero tal vez por su extremo formalismo no recoge suficientemente el núcleo de lo que modernamente entendemos por democracia. Sin duda la democracia es una institución política, pero con toda seguridad por debajo de los mecanismos de poder que la caracterizan existe una trabazón ideológica, una racionalidad, que la sustenta. Lo más útil para comprender lo que verdaderamente hay detrás de palabras como «democracia», «libertades», «derechos humanos», «Estado de derecho», «soberanía popular» etc, palabras que integran una constelación de términos relacionados, es ir directamente al rescate de ese núcleo de racionalidad que les sirve de infraestructura lógica.
La percepción que hoy los ciudadanos de los países occidentales tenemos de lo que la democracia es depende estrechamente de las determinaciones que la racionalidad occidental recibió de los pensadores del Barroco y la Ilustración; es decir, nuestro concepto de democracia deriva directamente del pensamiento característico de la modernidad. Los conceptos designados por esa familia de términos a los que hemos hecho referencia en el párrafo anterior descansan sobre un principio que puede considerarse como la esencia de la racionalidad moderna, a saber, la autonomía de la razón en cada individuo. La autonomía de la razón y la autonomía de la voluntad racional constituyen el principal logro que la Ilustración añadió a nuestra herencia ideológica: es el «atrévete a saber» de la divisa ilustrada. Se realiza en ese principio la culminación de un largo proceso en el que a través de la historia de Occidente la razón ha pugnado por establecer a la vez su libertad y la dignidad del hombre como ser racional. Que en esta autonomía racional que reconocemos en cada uno de nuestros semejantes, en la medida en que son seres dotados de razón, está el fundamento de las libertades individuales y de la soberanía popular es evidente: el principio de autonomía de la razón en cada individuo está en la base de libertades fundamentales como la de pensamiento, expresión, asociación etc, y es la consideración de la comunidad de nuestros compatriotas como una comunidad de seres racionales, de hombres libres, la que nos lleva a reivindicar para nuestro pueblo la libertad colectiva que hemos llamado «democracia» en sentido estricto. Tal como decíamos en la Introducción, la libertad individual y la libertad colectiva constituyen la democracia entendida en sentido amplio como la forma general de nuestro ordenamiento político. Precisamente porque esta democracia es la forma política de nuestra sociedad es denominada a veces «democracia formal». Con todo, se habla también de «democracia formal» en otro sentido, concretamente para referirse a la democracia como figura jurídica, a la democracia como simple ordenamiento jurídico. Puesto que la autonomía del ser humano como individuo racional y como miembro de una comunidad de semejantes resulta ser un principio éticamente imprescindible, la democracia formal ha de ser estimada como un logro histórico digno de preservarse. En este punto nadie puede razonablemente dar marcha atrás al proceso de la Historia: la consagración de la libertad individual y de la libertad colectiva en el ordenamiento jurídico es un bien comunitario irrenunciable.
Hasta aquí las evidentes conquistas de la modernidad, tales cuales se reflejan en la ideología hoy vigente. Y, sin embargo, en este preciso momento histórico es imposible no ser crítico con la interpretación que de la racionalidad moderna ha hecho la ideología dominante, es imposible dejar de señalar sus límites sin pecar contra la honestidad política que nuestro tiempo nos exige. Es un principio general que toda forma necesita una materia y que toda disposición jurídica necesita ir acompañada de las condiciones reales que hagan efectiva la encarnación social de lo por ella prescrito. Si nuestra democracia fuese una forma sin materia o un precepto legal sin materialización social pasaría de ser una democracia formal a ser una democracia meramente formal, esto es, una democracia sin realidad, una falsa democracia. Y es precisamente el caso que nuestra democracia se revela como una falsa democracia por la doble causa de ser una mera forma sin materia y un cascarón jurídico sin sustancia real. Atendamos a estos dos motivos.
El sentido común sugiere que cuando a un ser humano le es concedida la autonomía de su razón le es concedido el libre uso de esa facultad para que colabore en la determinación de cuál es la forma en que la comunidad humana debe relacionarse con la naturaleza, con la Historia y con el espíritu. La autonomía de la razón no tiene sentido más que si sirve para que en la reflexión y en la comunicación racional se vayan obteniendo juicios que permitan edificar la sociedad de un modo cada vez más perfecto y ordenar la vida humana en creciente armonía con aquellos grandes ámbitos con los que ella está inevitablemente llamada a relación. La autonomía racional del individuo es el instrumento para aproximarse a una sociedad más correctamente comprometida con la realidad que la rodea. Cuando la autonomía de la razón individual renuncia a ese compromiso, cuando se tiene a sí misma como fin supremo, cuando pretende cerrarse sobre sí misma, entonces evidencia que se ha dado un paso suplementario y en una dirección inadecuada: evidencia que el yo individual ha pasado a primer plano, que la razón ha abdicado en el yo individual y que este yo es la única certeza socialmente operativa. En ese mismo instante la sociedad humana rompe sus compromisos con la realidad, se convierte en un buque fantasma cuyo mecanismo de gobierno deja de ser el instrumento que el hombre de carne y hueso utiliza para construir una vida mejor, y viene a ser no más que una democracia espectral habitada por ciudadanos abstractos. En ese preciso momento la democracia, convertida en meramente formal, pierde la capacidad para afrontar los problemas sociales emergentes, y las elegantes fórmulas ideológicas infinitamente repetidas se muestran inútiles ante los problemas ecológicos, económicos, demográficos, nacionales, espirituales, problemas que sólo afectan a hombres reales y sólo pueden ser resueltos por hombres reales. El formalismo de la interpretación liberal de la democracia pone a nuestra sociedad al borde de un abismo y este es el momento de plantear la necesidad de una democracia comprometida con la realidad de la comunidad que la sustenta, la necesidad de una Alianza Lógica. El segundo grupo de circunstancias que afectan a nuestra democracia son las que la reducen a un ordenamiento jurídico oficialmente vigente per o socialmente inoperante. Son las circunstancias que están provocando que a la nación le esté siendo arrebatada su soberanía, que esta soberanía esté siendo secuestrada por élites económicas, políticas e intelectuales que operan en última instancia a niveles supranacionales. Son las élites económicas las que dominan los recursos financieros que a su vez permiten el funcionamiento de todo lo demás; son las élites políticas las que manejan la estructura de los partidos políticos y desde ahí los resortes de la administración pública; son las élites intelectuales las que diseñan el discurso que los medios de comunicación de masas llevan a la mente de todos los ciudadanos. En una democracia de verdad nadie debe obtener poder político en virtud de su dinero; en una verdadera democracia los gobernantes representan al pueblo y defienden sus intereses a la vez que los medios de comunicación distribuyen información veraz e imparcial. Nadie cree de verdad que esto suceda así hoy en nuestra sociedad ni siquiera en el mínimo grado que permitiría afirmar que disfrutamos de una verdadera democracia. Estas élites articulan a nivel internacional un circuito de poder que está alimentado en última instancia por el poder del dinero y del que los ciudadanos están infinitamente alejados. Todo el mundo sabe cómo funciona el mecanismo: las élites económicas financian a los partidos políticos y a los medios de comunicación privados de modo que resulta prácticamente imposible que un mensaje político independiente de los grandes intereses económicos llegue con posibilidades de éxito a unas elecciones o tenga acceso a los medios de comunicación; por su parte las élites políticas, atrincheradas en la estructura oligárquica de los partidos, se desentienden de su compromiso en última instancia con sus votantes y dejan de representar al pueblo para representarse a sí mismas y a sus financiadores; finalmente los medios de comunicación que moldean la opinión pública están en manos del capital privado o, si son públicos, dependen de las élites políticas. La restauración de una democracia de verdad pasa inevitablemente por la destrucción de este circuito de poder hoy firmemente establecido en nuestro sistema social.
No estaría de más recordar que esta segunda amenaza que pesa sobre nuestra democracia, a saber, el secuestro de la soberanía popular por determinadas oligarquías, está vinculada con la interpretación formalista de la democracia propia del liberalismo y que hemos denunciado en primer lugar. En efecto, cuando la razón abdica en el yo individual es inevitable que los intereses individuales, oligárquicamente organizados, desplacen a los intereses comunitarios y a los valores ideales en la determinación de la vida social. El modelo que propone Alianza Lógica supone en esencia una aceptación crítica de la racionalidad política moderna, prescribiendo reformas al modelo político vigente con la intención de vitalizar la democracia dándole un contenido nacional, de modo que se convierta en un instrumento eficaz para superar nuestras actuales dificultades. En ese sentido deben interpretarse las propuestas que más adelante, en la Sección de Fines, siguen.
Sección Segunda: Reflexiones Introductorias
1. - ¿Para qué ha nacido Alianza Lógica? Responder esta pregunta requiere una reflexión previa sobre el papel de los partidos políticos en la democracia. Los partidos son instituciones imprescindibles en la vida política de las complejas democracias modernas, formadas por personas y grupos diferentes y mutables con distintos intereses, ideas y creencias.
En nuestras sociedades conviven doctores y víctimas del fracaso escolar, empresarios y trabajadores sin cualificación, creyentes con agnósticos y ateos declarados, apolíticos y apasionados por la política, activistas sociales y personas que nunca han asistido a una manifestación, entusiastas de las tradiciones ancestrales y cosmopolitas convencidos, partidarios del mercado más libre y extenso posible con quienes exigen protección del Estado, inmigrantes de países remotos con nativos de familias que nunca se han mezclado con extranjeros… Todos ellos son, somos personas con el mismo valor, iguales, pero diferentes, con una historia, con una identidad única que es la que forja nuestra vida y nuestro ser, siendo la consecuencia del nacimiento de las diferentes Naciones, con independencia de ideas, valores, preferencias e intereses particulares. Pero esa igualdad constitucional que nos permite vivir en libertad, como sujetos autónomos capacitados para elegir y tomar nuestras propias decisiones, no impide que existan entre nosotros grandes desacuerdos y conflictos sobre multitud de cuestiones de todo tipo. La democracia no es un sistema para poner a todo el mundo de acuerdo sobre todas las discordias posibles, sino para permitir la convivencia libre, productiva y en paz entre personas disconformes pero que comparten algunos principios básicos, como el de resolver por medios pacíficos, equitativos y legales sus diferencias más acuciantes. Como, por ejemplo, quién debe gobernar el Estado y quiénes están capacitados para representar a los ciudadanos, deliberar y aprobar leyes en su nombre.
2. - En las sociedades democráticas, el conflicto y la diferencia pueden ser factores muy fértiles y creativos. Estas sociedades no comparten un conjunto hereditario de firmes creencias comunitarias, como era habitual en las sociedades tradicionales. Nuestra democracia debe adaptarse a la complejidad social y al principio de la libertad personal, y por eso consiste en un sistema de instituciones jurídicas y políticas comunes que actúan siguiendo reglas de obligado cumplimiento para garantizar la equidad de derechos y obligaciones. Son reglas constructivas y regulativas, que fundan el sistema democrático y organizan su funcionamiento. Las reglas seminales de la democracia son el sufragio universal libre y secreto, la igualdad de los ciudadanos en derechos y obligaciones ante la ley, las garantías jurídicas de la libertad personal, la separación y el equilibrio de poderes, las libertades de expresión, organización y proposición, y el respeto coherente y consecuente a los derechos de las minorías, entre otras. La mejora de la democracia, incluso su simple mantenimiento, exige una permanente vigilancia de que estas reglas siempre frágiles y amenazadas se mantienen vivas, no son burladas o pervertidas y, de ser necesario, son mejoradas constantemente a través del perfeccionamiento de las leyes y de la reforma constitucional.
3. - Los distintos intereses, corrientes ideológicas y proyectos políticos que compiten en una sociedad moderna dan carta de naturaleza a los partidos, que rivalizan por captar el voto de los ciudadanos para representarlos en las instituciones o gobernar de acuerdo con un programa. Aunque los proyectos políticos y sociales disponen de otras vías de organización, tales como los sindicatos, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales o las iniciativas cívicas los partidos políticos son instrumentos insustituibles debido a sus objetivos estrictamente públicos.
4. - La función de los partidos no acaba en las tareas de representación ciudadana y gobierno de las instituciones. Canalizar y dar voz a la posición política de los ciudadanos es otra misión fundamental que hace posible, en principio, la implicación directa en todos los niveles de la vida pública de muchos cientos de miles de personas que han tomado partido. Así puede extenderse ampliamente por la sociedad lo que, de otro modo, sería una actividad restringida al número necesariamente reducido de profesionales y especialistas ocupados en las instituciones, los propios partidos y los medios de comunicación. Se trata de una red de participación social vital para la democracia, ligada a la existencia de partidos que, a pesar de todas sus limitaciones y defectos, están abiertos a cualquiera que comparta sus objetivos. En este sentido, los partidos políticos cumplen la importante función de facilitar la inclusión y participación de los ciudadanos en la acción política, extendiendo de ese modo la base del sistema democrático, haciéndolo más inclusivo y más representativo de la realidad social. Y si los partidos tradicionales dejan de cumplir satisfactoriamente con esta labor, siempre queda la opción de proceder a promover partidos nuevos que, como es el caso de Alianza Lógica, contribuyan a revitalizar el tejido social de la democracia y a reanimar sus instituciones ofreciendo nuevas formas de compromiso político a los ciudadanos.
5. - Los partidos tradicionales han sido y son objeto, sin embargo, de severas críticas debido a vicios que, para algunos, son poco menos que estructurales: corrupción, tendencia a la burocratización, profesionalización del trabajo político, opacidad del funcionamiento interno, nepotismo, promoción mediante el procedimiento de selección negativa, pérdida de un proyecto solvente y creíble, alejamiento de las preocupaciones ciudadanas y violación sistemática, socialmente aceptada de modo inconsciente, de importantes derechos de los ciudadanos que la propia sociedad considera respetados, como el derecho a que se legisle para evitar la especulación del suelo, el derecho a la información o el derecho a la no discriminación por razón de sexo en el caso de los varones. Estos y otros factores negativos desencadenan crisis cíclicas en los sistemas de partidos de muchos países democráticos, propiciando la cuasi-desaparición o la marginalidad de partidos históricos –como los comunistas, democratacristianos y liberales–, animando la aparición de partidos nuevos, como los verdes, o facilitando el ascenso de fuerzas populistas o antidemocráticas alimentadas por el descrédito de la actividad política. Las alternativas más radicales opuestas a los partidos convencionales suelen ser muy poco realistas, como la democracia electrónica del populismo tecnológico que pretende suprimir la mediación básica de la democracia deliberativa – convirtiendo el plebiscito en acto cotidiano para adoptar todo tipo de decisiones–, o sencillamente ajenas a las reglas básicas de la propia democracia, como el fundamentalismo asambleario que ignora la regla esencial de que la mayoría no debe eliminar a las minorías, ni limitar su derecho a la iniciativa y a la acción política discrepante, con todas las garantías.
6. - En conclusión, a pesar de todos sus inconvenientes los partidos políticos resultan indispensables, sobre todo porque expresan, a través de los votos que obtienen, el apoyo ciudadano a los distintos proyectos y liderazgos en liza. Ahora bien, existen límites tan claros como intangibles que impiden el éxito total de los partidos políticos. Una regla constitutiva de la democracia es que ninguno de los partidos rivales pueda alzarse con un triunfo definitivo tal que implique la desaparición de la oposición; esta posibilidad sólo se contempla en los regímenes de partido único, totalitarios. El máximo al que un partido democrático puede aspirar legítimamente es a gobernar para todos, y nunca sólo para sus partidarios, aplicando su programa con respeto del orden constitucional, el derecho de las minorías a disentir y los legítimos derechos de cada uno de los ciudadanos: la obligación de gobernar para todos, y no sólo para los afines, es básica en la democracia; su olvido, un claro síntoma de degeneración. En otras palabras, ninguno de los proyectos de partido puede imponerse a la propia democracia para sustituirla por lo que acaba siendo un régimen de partido único, como ocurrió en las revoluciones y golpes de Estado sucedidos en Europa –Rusia, Italia, Alemania y la propia España– en la primera mitad del siglo XX. Como corolario, podemos decir que no es posible la auténtica democracia sin consenso, y que la ausencia o debilidad de éste es un índice evidente de la poca calidad o fragilidad de la democracia.
7. - Los partidos políticos son instituciones muy especiales. Reúnen el interés exclusivamente público, en principio identificado con el interés general, con el carácter privado derivado de su fundación, afiliación y objetivos de parte. Por un lado, la sociedad tiene derecho a exigir de los partidos determinadas garantías de transparencia, fidelidad a sus fines y funcionamiento responsable; por otro, son asociaciones privadas con su propio régimen interno y toda la ineludible conflictividad aparejada a cualquier colectivo humano. Pero la falta de correspondencia entre los fines públicos de un partido importante y su funcionamiento interno, o entre los fines proclamados y el sentido genuino de su acción política, genera graves daños para el conjunto del sistema democrático, desde prácticas corruptas hasta el completo desprestigio de la política. Por todas estas razones, la aparición de un nuevo partido político que aspire a algo más que conseguir un trozo del pastel institucional, pero que tenga conciencia de las limitaciones que la propia democracia opone a sus aspiraciones regeneradoras, necesita de una justificación suficiente. En nuestro caso, esta justificación es la de colmar el hueco, cada vez mayor, abierto en el sistema de partidos actual: el de quienes no se identifican con los proyectos políticos de los partidos tradicionales, ni confían ya en sus compromisos, particularistas e insolidarios respecto al interés general, y reclaman la puesta en marcha de una política dirigida a introducir profundas reformas en las instituciones básicas de la democracia española, comenzando por la Ley Electoral y la Constitución. Reformas que persigan un doble objetivo: incrementar la libertad personal de los ciudadanos y reforzar su igualdad jurídica y de oportunidades, con el resultado de la regeneración de un sistema democrático que da muestras alarmantes de agotamiento de ideas, esclerosis de las instituciones e incapacidad política de los principales partidos tradicionales de gobierno y oposición para resolver los problemas más acuciantes, desde la crisis económica a la decadencia de la educación.
8. - Un partido político democrático no puede convertirse en un fin en sí mismo sin perder su legitimidad, porque en la democracia los partidos políticos tienen una clara justificación: canalizar la participación de los ciudadanos en la vida pública y representar un determinado proyecto político en las instituciones democráticas, sea en labores de gobierno o de oposición. Los partidos políticos son, pues, instrumentos para la acción en la esfera pública, aunque los compongan ciudadanos privados con sus propios intereses. Que se conviertan en grupos al servicio de intereses puramente privados comporta su pérdida de sentido, y deteriora seriamente la calidad de la democracia, que acaban parasitando.
9. - En la democracia española, la pérdida de sentido de los partidos políticos tradicionales es uno de los problemas de fondo. Cuando los partidos políticos acaban siendo un fin en sí mismos, una maquinaria electoral al servicio de intereses privados, sus programas acaban reducidos a propaganda, a menudo sectaria para que la exacerbación de pequeñas diferencias con los rivales compense la pérdida de personalidad política, mientras el proyecto político original acaba por desvanecerse.
Convertidos en máquinas de administración del estatu quo cada vez más parecidas e intercambiables, los partidos antes divididos entre derecha e izquierda terminan siendo profundamente conservadores, contrarios a cualquier cambio de las reglas de juego que amenace sus ventajas, y hostiles a cualquier nuevo partido o iniciativa cívica que perturbe el juego de la alternancia entre partidos tradicionales, reducida a reemplazar las personas en el poder para que desarrollen políticas en el fondo muy parecidas.
10. – Tras la dictadura, el hecho fundamental que hizo posible la construcción democrática en España fue la ruptura con las instituciones franquistas, así como la construcción, consolidación y legitimación de las instituciones democráticas.
Actualmente, la democracia se define más por sus procesos formales, y por el debate democrático, que por el resultado de sus políticas. Y para ser democrático, este debate ha de realizarse en las instituciones. Pero los partidos políticos tradicionales están muy aferrados al Estado e intensamente desligados de la sociedad. Así, asistimos a un proceso de ejecución política basado exclusivamente en la negociación opaca entre los partidos y los grupos de interés, lo que conlleva la privatización de la política y una baja calidad democrática. Este proceso ha transformado a la sociedad española de la Transición, caracterizada por su tolerancia, su confianza en la política como medio de progreso y su moderación, en una nueva sociedad desafecta, escéptica, desconfiada y políticamente apática. Existe un principio legislativo, el principio de reserva de ley, que debería asegurar que la regulación de ciertas materias se realice mediante un procedimiento que garantice la discusión pública parlamentaria, regulada por los principios de publicidad, contradicción –expresada por los parlamentarios no afines al Gobierno– y debate, en vez de ser formulada a través de meros reglamentos. Así ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional (19/1987), y lo ha entendido así porque no hay legitimidad si no hay instituciones. El nuestro es un sistema democrático parlamentario y no presidencialista, por lo que son las instituciones las que detentan el poder democrático, y no el presidente de Gobierno de turno, por muy votado que haya sido su partido. Sin embargo, los partidos gobernantes han ido conformando una democracia escasamente institucionalizada y, por ende, con problemas de legitimidad. La construcción del Estado autonómico también se ha desarrollado alejada de la institución parlamentaria.
11. - Es más problemático concluir si la convergencia entre los partidos tradicionales, por ejemplo en política social y económica o en la manipulación de la Constitución, es causa o efecto del proceso apuntado o si obedece a otras razones, pero en cualquier caso hay un vínculo intrincado: a medida que los partidos se convierten en organismos consagrados a la autopreservación en el seno del sistema, renuncian a las reformas ambiciosas, se adaptan a la situación y, por natural convergencia evolutiva, sus políticas van haciéndose más intercambiables porque tienen el mismo objetivo: perdurar y vivir del sistema, fomentando la confusión de los poderes del Estado. La confrontación política se reduce a la cuestión de qué colectivo o partido ejercerá el control de las administraciones y disfrutará de los beneficios y prebendas derivadas.
12. - La profesionalización de la política y el aumento de la burocracia en el interior de los partidos, dos procesos paralelos que acaban replicando en su interior el esquema de las instituciones que pugnan por ocupar son, sin duda, factores que refuerzan la tendencia a convertir el partido en un fin en sí mismo, despreocupado del interés general y desinteresado de la participación ciudadana en una cosa pública que más bien ha privatizado (evolución negativa que, en los casos más extremos como el de Cataluña, motiva un incremento de la insatisfacción política y de la abstención electoral, que llega a superar la participación). En efecto, si los miembros del partido se convierten en profesionales del desempeño de cargos políticos o en meros funcionarios del partido, la preservación de ese su único modo de vida acaba siendo el objetivo fundamental de la acción política. Añadamos a esta profesionalización espuria la selección negativa, el proceso en virtud del cual los mecanismos habituales de cooptación de miembros del aparato dirigente del partido seleccionan y promueven a los sujetos más conformistas o más hábiles en el manejo de esas reglas de juego, en detrimento de los más críticos, independientes o innovadores.
13. – Renovar constantemente las ideas, programas y objetivos para las colectividades sociales y las instituciones, elaborar mejores propuestas tratando de convencer a la mayoría de los ciudadanos de sus ventajas y bondades es, desde luego, imprescindible para combatir la esclerosis política, pero siendo condición necesaria no es tampoco suficiente. Por idealista que quiera ser el partido, seguirá siendo una burocracia consagrada a protegerse y perpetuarse mientras no recupere el carácter instrumental, es decir, la regla constitutiva de que existe para estar al servicio de un proyecto político a promover en la esfera pública. Debemos luchar por mejorar la imagen de los políticos, mejorando los mecanismos de selección y estableciendo sistemas para evitar su corrupción.
14. - Recuperar el carácter instrumental una vez perdido es difícil, e incluso probadamente imposible en el seno de los partidos tradicionales, que no sólo encuentran grandes dificultades para renovarse en el campo de las ideas, sino sobre todo para modificar sus reglas de promoción interna. Las experiencias de adopción de elecciones primarias y medidas similares suelen tropezar con el hecho de que los intereses inmovilistas y conservadores, incluso entre la militancia poco beneficiada personalmente, acaban por imponerse al interés por mejorar el funcionamiento orgánico como paso previo a reinstaurar la instrumentalidad de la acción política.
15. - El carácter instrumental del partido no depende tanto de los sistemas de elección interna como de asegurar que la actividad del partido tiene cauces suficientes para el análisis y el debate precisos en su acción política, y que ésta se volcará hacia la esfera pública. Pero la pregunta es si esa deriva de alejamiento de la instrumentalidad es reversible, y merece la pena intentarlo, o si más bien no será mejor proceder a crear un nuevo partido desde cero, con el compromiso de que será un instrumento al servicio de un proyecto público y actuará en consecuencia. Para que el compromiso sea auténtico, deberá nacer libre de funcionarios de partido o cargos públicos sin mayor interés que el de revalidar su mandato bajo nuevas siglas. Un partido así debe nacer de las redes sociales de confianza de ciudadanos autónomos –es decir, que no dependen de las instituciones políticas ni del aparato del partido para vivir– que comparten las urgencias y prioridades políticas. Este ha sido, precisamente, el origen de Alianza Lógica y su principal reto organizativo: fundar un instrumento político capaz de impulsar un proyecto de reforma de la democracia española en las instituciones. Esta fue la razón de que el modelo original de partido ya previera la obligación de abandonar cualquier cargo público obtenido con otro partido como condición para afiliarse al nuestro (con la relativa excepción de las candidaturas municipales independientes que, en cualquier caso, tampoco pueden convertirse en cargos de Alianza Lógica).
16. - En un partido instrumental, las cuestiones de organización están sometidas a los principios de adecuación, eficacia y eficiencia para los objetivos políticos que se propone alcanzar. Conviene no perder de vista que, siendo necesario que los partidos funcionen internamente con el mayor grado posible de participación y debate en la toma de decisiones y promoción de liderazgo, dirigentes y candidatos, resulta sumamente destructivo que el modelo de funcionamiento se convierta en la preocupación principal, hasta desterrar cualquier otro debate político y alienarse por completo de las preocupaciones públicas que justificaron su nacimiento.
17. - Nuestro partido tiene una misión específica en la política española, la de promover un conjunto de reformas institucionales de primera magnitud –reforma de la Constitución y de la Ley Electoral, medidas legales de regeneración de la democracia como sistema de listas abiertas en las elecciones, u otros remedios a todos los déficit sociales que hoy supongan tolerancia abusiva de incumplimientos flagrantes del imperio de la Ley en los más diversos casos-, y que el partido, lejos de ser un fin en sí mismo, no es otra cosa que un instrumento para llevar a su máxima consecución posible el programa que le ha dado carta de naturaleza.
18. - El proyecto originario de Alianza Lógica era crear un partido transversal, y lo sigue siendo. La transversalidad es un concepto político novedoso, que algunos consideraban característico de los viejos partidos interclasistas, como los nacionalistas, o de partidos oportunistas carentes de ideología y propuestas coherentes. Nuestro empeño en definirnos como “partido transversal” ha dado pretexto a no pocos detractores para descalificarnos como partido sin proyecto conocido, o como una entidad oportunista a la caza de votantes de izquierda y derecha descontentos con la oferta de los partidos tradicionales. Es decir, como un modelo de entidad política negativa –que se define como “anti-” algo– y básicamente reactivo –que reacciona contra la apatía o conformismo de los partidos tradicionales. Sin embargo, la transversalidad es un concepto creativo, positivo y proactivo de la acción política. En resumen, se trata de crear un partido donde tengan cabida personas con ideas propias y distintas en una variedad de temas, pero de acuerdo en el proyecto político y en las líneas estratégicas para su consecución. A diferencia de los partidos tradicionales, no se trata tanto de reunir “familias ideológicas” o tradiciones venerables, como de poner a trabajar juntas a personas que, al margen de que se reconozcan más o menos en determinada tradición o escuela de pensamiento, o se declaren más o menos de la derecha o de la izquierda democrática, estén de acuerdo en la necesidad de un proyecto político que bloquean los partidos tradicionales, y que ha justificado el nacimiento de Alianza Lógica.
19.- En la España actual, la transversalidad política significa dar por amortizados algunos antagonismos tradicionales de la modernidad, y en especial el que opone como realidades irreductibles a “izquierda” y “derecha”. Hacer un partido transversal significa asumir el proyecto de trabajar sobre ejes diferentes que, como no son de por sí ni “de derechas” ni “de izquierdas”, pueden ser compartidos por un amplio espectro social de ciudadanos, en concreto todos los conformes con la idea de progreso, de política laica y con el inequívoco carácter nacional del partido, y con una visión abierta al resto del mundo, para exigir dar más prioridad a los consensos básicos constitutivos de la democracia que a sus diferencias.
20. - Que el partido sea transversal tampoco significa que su proyecto carezca de coherencia y de límites, de modo que casi cualquier ideario o meta pueda entrar en su proyecto. El carácter instrumental del partido ya establece una clara demarcación entre lo que puede o no acoger esa transversalidad, pues excluye de partida todas las concepciones fundamentalistas e intransigentes, sectarias y no instrumentales, antisistema o antiinstitucionales.
La asunción de la unidad nacional en los términos ilustrados del “patriotismo constitucional” es una idea adecuada para Alianza Lógica, además de la reivindicación y defensa de esta nuestra nación, unida desde la noche de los tiempos, ligada por lazos lingüísticos, étnicos, culturales y de sangre; son estos lazos los que forjan nuestra identidad, y los que nos hacen ser lo que somos hoy en día.
21. - La transversalidad tiene consecuencias importantes que afectan a lo que suele considerarse la ideología de partido. En concreto, estimula un debate constante de sus posiciones sobre temas socialmente más polémicos, se trate de la legislación sobre el aborto, la regulación de la eutanasia o la prostitución, o sobre el empleo de la energía nuclear, la inversión en defensa, las leyes antiterroristas, etc. También implica renunciar a la concepción de un partido omnicomprensivo, anclado en un paradigma que sirve supuestamente para dar soluciones y respuestas a cualquier tema imaginable.
22. - Consideramos que todas las políticas orientadas a ampliar y mejorar tanto la libertad individual como la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones, son políticas para el progreso, porque éste sólo puede evaluarse en términos de más libertad y de más igualdad de las personas. En efecto, el progreso de los pueblos y entes colectivos de cualquier tipo no es otro que el resultado del aumento de libertad personal e igualdad de oportunidades y jurídica de los sujetos individuales que los componen. Por lo demás, una sociedad más liberal y más igualitaria ofrecerá más y mejores oportunidades al progreso de cada uno de sus ciudadanos. El progreso social es la consecuencia de una economía más productiva y avanzada, de una mejor educación y de mejores servicios sociales universales, del progreso científico, técnico y cultural, de unas costumbres más libres, inclusivas y tolerantes, y también de la mejora constante de las instituciones democráticas, que deben progresar acompasadamente con la sociedad emprendiendo las reformas institucionales necesarias.
23. - Consideramos fundamental vincular, como dos caras de la misma moneda, libertad personal con igualdad jurídica y de oportunidades. Cierta crítica sedicentemente “liberal” se empeña en oponer, en cambio, libertad a igualdad sobre la base de que todo avance en la segunda implica recortes de la primera. Postula que, en cualquier caso, la desigualdad en el seno de las sociedades democráticas avanzadas es un resultado natural del distinto talento, mérito y esfuerzo de los individuos. Desde ese punto de vista, el
Estado debería limitarse a garantizar la libertad y los derechos básicos recurriendo a una administración lo más pequeña posible y a una fiscalidad lo más reducida que se pueda.
Además, el Estado debería abstenerse de intervenir allí donde la iniciativa privada pueda resultar rentable, de modo que las instituciones públicas sólo existirían allí donde, por cualquier razón justificada, no puedan concurrir la empresa y el capital privado.
Aunque este programa tiene fundamento en los abusos intervencionistas del Estado y en fenómenos como la proliferación irracional y derrochadora de las Administraciones Públicas, no es menos cierto que sigue careciendo del menor sentido y veracidad invocar la libertad personal si no existe un marco legal e institucional igualitario que, proporcionando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos en las decisiones esenciales de su existencia, haga efectiva la facultad o valor de elegir sin el que no existe libertad personal que valga. Por eso el Estado debe velar para que exista una oferta suficiente y con calidad de educación, sanidad, pensiones y servicios sociales básicos universales, financiados a través de un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente, de manera que la libertad de elegir un estilo de vida propio o una opción personal de cualquier tipo sea algo más que una aspiración, sólo al alcance de una minoría de afortunados. Consideramos que cualquier progreso hacia más igualdad jurídica y de oportunidades equivale a reforzar y ampliar la libertad personal, y viceversa.
24. - Sin embargo, es fácil pervertir el concepto de progreso gracias a la ambigüedad vertida por los muchos y a veces divergentes significados con los que suele usarse. En España, “progresismo” se ha convertido en un término más exclamatorio que descriptivo, sinónimo de la alineación automática con la virtud y el bien que pretende monopolizar la izquierda tradicional, y también en un término peyorativo y derogatorio empleado por los detractores de la derecha no menos añeja. Un vaciamiento del sentido propiciado por la pretensión de presentar como “políticas progresistas” aberraciones reaccionarias como la discriminación lingüística justificada por la “normalización” de lenguas regionales, el sectarismo exacerbado que demoniza a los “herederos de Franco” (pecado original lavado por la adquisición de un carnet de izquierdas o nacionalista), la vindicación de la diferencia frente a la igualdad y cualquier idea de unidad, o la liquidación de las instituciones comunes en beneficio de la proliferación burocrática.
Desde la trinchera contraria se descalifica por “progre” cualquier propuesta de mejora de las libertades individuales o refuerzo institucional de la igualdad.
25. - Consideramos que la devolución de su valor originario al léxico político también es un objetivo sustancial de la regeneración democrática, y que recuperar el significado de conceptos como el de progreso de la democracia, de la sociedad o del conocimiento científico es un paso muy importante para volver a disponer de un lenguaje público con sentido que, a su vez, sea vehículo de comunicación de una democracia mejor. Por eso Alianza Lógica se define como partido progresista pese a los inconvenientes que ello conlleva ahora –la pretensión de monopolio de una izquierda cada vez más reaccionaria, y el desprecio de una derecha no mucho mejor–, y se compromete a impulsar políticas de progreso en todos los ámbitos públicos, es decir, las que persiguen aumentar la libertad de las personas y extender la igualdad y la justicia entre todas ellas en el seno de un sistema democrático en el marco de la ciudadanía y con la unidad de la nación como eje fundamental para dicho progreso.
26. - El progreso político es, indudablemente, un progreso cultural que tiene su correlato y su condición de mejora en el desarrollo de la educación y de la investigación científica, es decir, en el progreso del conocimiento en todos los campos y en la extensión universal de su acceso y difusión, hoy más posible que nunca gracias a las revolucionarias tecnologías de la información. Un progresismo así concebido, de matriz ilustrada, no es absoluta y tajantemente contrario al relativismo en distintos campos (relativismo lingüístico, cultural, moral o cognitivo), por lo que tiene de concepción muy concreta sobre la cultura, entendida y promovida como sistema esencial para el fomento de la unidad y la comunicación entre grupos, y también de la igualdad entre individuos, y como medio de preservar nuestra esencia, nuestra identidad cultural. En este sentido, nos consideramos poco o nada de acuerdo con el ideal de progreso de la democracia el programa de la mal llamada “Alianza de Civilizaciones” que, so pretexto de nobles fines pacifistas, tiene la consecuencia de aceptar como “valores culturales” respetables la discriminación legal de la mujer, la restricción de la libertad sexual, la prohibición de la libertad de conciencia o el fundamentalismo religioso. Por las mismas razones, consideramos que el proyecto de “sociedad multiculturalista” implica riesgos inaceptables para el concepto democrático de sociedad de ciudadanos libres e iguales al considerar una meta política legítima la constitución de comunidades con sus propias reglas legales dentro de la sociedad civil, convertida así en una amalgama de comunidades religiosas, culturales o étnicas sobrepuestas –y opuestas– a la ciudadanía común. Es exigible, a los ciudadanos de una sociedad democrática, el deber de acatar los valores que la sustentan.
27. - La política exterior de España deberá basarse en los principios del Derecho internacional, tal y como figuran recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás acuerdos suscritos por el Estado. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción y defensa de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible, la protección del medio ambiente, así como el respeto a la diversidad cultural y a las minorías que conforman la sociedad internacional, constituyen objetivos irrenunciables y prioritarios de la acción exterior del Estado. La Cooperación Internacional al Desarrollo debe basarse en fundamentos de solidaridad y apoyo real a los países empobrecidos, dejando a un lado todo lo relacionado con intereses económicos, políticos y comerciales de la política exterior española. Estos objetivos deben conjugarse con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de España, la protección de todos los españoles y de sus derechos, así como la promoción de los intereses y valores nacionales, tal y como figuran recogidos en la Constitución. Considerando que España se ha convertido en una potencia media a escala mundial, su política exterior requiere un profundo proceso de regeneración democrática que debería plasmarse en un pacto de Estado sobre las prioridades y compromisos que deben garantizar su continuidad, evitando así la constante manipulación partidista de que es objeto y previniendo la fragmentación encubierta de las competencias de decisión y ejecución que se está realizando por las comunidades autónomas. Sólo de ese modo se podrá mejorar su eficacia y se logrará consolidar la confianza y credibilidad por parte de nuestros socios y aliados.
28. - La protección y la promoción de los derechos humanos, tanto en España como en el exterior, debe ser un objetivo prioritario de todas nuestras instituciones. El Estado español debe dar una respuesta activa a las situaciones de vulneración de los derechos humanos que se produzcan en el país, fortaleciendo la protección de los colectivos más vulnerables y susceptibles de ser víctimas de abusos, como los menores, las mujeres, las personas migrantes o las personas detenidas. Igualmente, España debe responder a los retos sobre derechos humanos que se plantean en la escena internacional con una defensa clara y decidida de estos valores universales. A tal fin, es fundamental que las instituciones acometan, en todos los ámbitos públicos y comenzando por el educativo, acciones de lucha contra la tortura, el separatismo, la trata de seres humanos, la explotación sexual y la violencia contra las mujeres, los menores y los ancianos, entre otros; cualquier tipo de actitud radical y que vaya en contra de cualquiera de los valores reales y puros de nuestra esencia y nuestra cultura occidental y europeísta. Este compromiso debe también presidir las relaciones exteriores de España, tanto bilaterales como multilaterales, suscribiendo todos aquellos tratados internacionales que refuercen la lucha contra la vulneración de los derechos fundamentales y la persecución jurídica internacional de los delitos contra la humanidad considerados imprescriptibles, incluyendo los delitos graves de terrorismo.
29. - El laicismo no es un elemento más de la democracia, sino uno de sus componentes básicos y condición necesaria de su desarrollo, porque en una sociedad donde conviven distintas confesiones religiosas y creencias espirituales, incluido el ateísmo, la única garantía de libertad de culto e igualdad de trato para todos es la neutralidad religiosa constitucional del Estado, traducida en la separación entre creencias religiosas o espirituales y las fuentes de la legalidad y legitimidad, de tal manera que las primeras no determinen el carácter de la segunda y que la ley, a su vez, no introduzca impedimentos al libre desenvolvimiento de los cultos y asociaciones religiosas compatibles con la legalidad democrática, es decir, todas las que acepten la universalidad, vigencia y obligatoriedad sin excepciones de las leyes e instituciones públicas, incluso de las que – o sobre todo aquellas que– puedan chocar con creencias e instituciones particulares. A partir de esta premisa general, es cierto que la laicidad del Estado sigue siendo muy imperfecta en España, que constitucionalmente se define como “Estado no confesional”, y de ahí que nuestro partido optara por el laicismo como uno de sus rasgos básicos en su proceso de fundación. El laicismo político no se limita a reclamar la separación de Iglesia(s) y Estado sino que, debido al desarrollo y evolución de la sociedad y de la política, debería incorporar nuevas metas: la distinción entre creencias, prácticas y comunidades religiosas compatibles o incompatibles con la democracia y la extensión del requisito de laicidad.
30. - Existen asociaciones religiosas que, esgrimiendo el principio de tolerancia o de multiculturalismo, reclaman un estatuto jurídico particular para lograr mantener algunas prácticas que chocan con preceptos constitucionales y contra la integridad física en algunos casos, tales como el mantenimiento de la mujer en un estatus de inferioridad jurídica, la ablación genital, el matrimonio concertado forzoso o la poligamia y el recurso a tribunales religiosos para dirimir cuestiones de derecho civil. Sin entrar en la justificación espiritual o tradicional de tales instituciones, consideramos que éstas no deben ser admitidas legalmente en el seno de una democracia porque atentan de entrada contra el precepto de la libertad e igualdad de los ciudadanos. Así mismo, nos declaramos contrarios a la irracional y antinaturalidad del derecho que hoy en día las parejas compuestas por personas del mismo sexo tienen a adoptar inocentes infantes, pudiendo argumentar las catastróficas consecuencias que ello supone en el desarrollo ulterior del mismo infante. Las asociaciones religiosas deberán aceptar la Constitución Española en todos sus términos, quedando fuera de la legalidad las que no la acaten en su totalidad.
32. - Tampoco es aceptable la pretensión de que el Estado deba hacerse cargo del coste de la educación religiosa o catequesis de las distintas confesiones, sean estas tradicionales o nuevas, y que reconozca la validez académica de los conocimientos así transmitidos, o excepciones laborales como el nombramiento de profesores de religión por la jerarquía religiosa respectiva, al margen del sistema general de titulación y contratación del personal docente. Por el contrario, el principio de separación de creencias religiosas y leyes democráticas pone de relieve con mayor fuerza, si cabe, la importancia de una educación pública laica universal y de calidad, inspirada en los valores democráticos de libertad, igualdad, solidaridad y autonomía personal. Cosa distinta es el papel que debe tener la enseñanza de las creencias religiosas como fenómeno cultural e histórico de imprescindible conocimiento para comprender el mundo actual y darse cuenta de que algunas corrientes religiosas son muy dañinas para el desarrollo de nuestra integridad moral y cívica. Del mismo modo en que el laicismo democrático no tiene nada que ver con el ateísmo militante de ciertos regímenes totalitarios, el carácter privado de la catequesis y predicación religiosa no excluye, en absoluto, la inclusión en el currículum educativo de asignaturas sobre la historia de las religiones.
31. - Como sucede con las creencias religiosas, no todas las éticas privadas o las que así consideremos son compatibles con la ética pública de la democracia. Cualquier ética privada que apruebe principios como el de discriminación entre sexos, entra en conflicto con la ética pública de la democracia, sobre todo si trata de manifestarse como una opción moral y política legítima, es decir, si trata de oponer una ética pública alternativa a la democrática. Es lo que sucedió y sucede en los regímenes totalitarios, donde la sumisión al poder político o religioso se impone, como valor, a los principios de igualdad, libertad y autonomía personal. Por consiguiente, no todas las creencias religiosas y morales son aceptables en la democracia, como por ejemplo el islamismo que muchos predican y que a tantos conflictos físicos y éticos nos lleva, sobre los límites de la legitimidad del pueblo para decidir sobre su propio futuro y sobre los mismos hechos que en los libros de historia están plasmados. Pero como el principio esencial de ésta es que a nadie se le juzga por sus creencias, sino por sus acciones –incluyendo acciones comunicacionales como la apología de delitos–, la ética privada en conflicto con la pública de la democracia puede subsistir tranquilamente mientras no traspase la frontera de la privacidad para adquirir un estatus público. El principio ético público de la democracia es que cada cual puede tener las creencias que quiera mientras no viole las leyes, o no trate de convertirlas en creencias obligatorias para los demás por cualquier procedimiento, o mientras no trate de preservarlas para una comunidad segregada en calidad de ley privada comunitaria. Esta es, precisamente, la principal idea del laicismo: que no debe haber leyes de fundamentación religiosa o moral particulares para un grupo, por lo que cabe considerarlo un fundamento de la ética pública de la democracia
33. - La ética pública no pretende dirimir ni resolver los conflictos morales privados, sino solamente remitirlos al ámbito de la conciencia si no chocan con la legalidad –y regulando, en su caso, la “objeción de conciencia”, pues la protección de la libertad de conciencia también es un valor fundamental de la democracia–, de modo que sea posible la convivencia de sujetos con diferentes e incluso divergentes éticas privadas. Es el caso de los problemas suscitados por la despenalización del aborto o de la eutanasia, que para los creyentes de varias religiones son graves pecados. La ética pública no resuelve si lo son o no, sino que establece que la calificación de pecado carece de relevancia pública porque deriva de una creencia privada. Las leyes de la democracia deben limitarse a regular qué acciones se prohíben y penalizan por su carácter delictivo, sin entrar en su valoración ético-religiosa. Tal es la solución laica para los conflictos entre creencias privadas y públicas: como la legislación despenaliza o autoriza una acción sin obligar a nadie a cometerla, es posible y necesario despenalizar el aborto en los casos previstos por la ley, aunque una parte sustancial de la población tenga la creencia de que no se debe abortar en ningún caso por razones morales o mandato religioso. La ética pública no trata de establecer modelos de vida buena sino condiciones justas de convivencia. Es el resultado de la deliberación desarrollada en términos racionales, es decir, susceptibles de discusión libre, sin sometimientos previos a ninguna autoridad “superior”. En esta deliberación no se pueden esgrimir argumentos que remitan a nociones o valores no comprensibles por todos. En consecuencia, cuando los creyentes participan en la discusión política sobre problemas de bioética, o socioeconómicos, no pueden apelar a nociones como, por ejemplo, “Dios”, “pecado” o “valores evangélicos”. Si pueden, en cambio, referirse a nociones que pueden convencer o no convencer pero que, a priori, no requerirían la condición de creyente para ser compartidas (“valor absoluto de la vida”, “defensa del más débil”…), de modo que si los argumentos basados en dichas nociones son rechazados, ello se deberá a que la otra parte encuentra argumentos mejores, o cree que se deben priorizar otros principios (salud de la madre o muerte digna, por ejemplo), pero no se estarán introduciendo en el debate elementos que no son pertinentes. A partir de estas premisas, ni se puede decir que los creyentes invaden el ámbito de lo público (normalmente) siempre que expresen sus opiniones en términos comprensibles para todos, ni éstos pueden considerarse marginados o perseguidos si sus argumentos no convencen a la mayoría de los ciudadanos o a sus representantes. Todo ello presupone que, en el establecimiento de las condiciones mínimas de convivencia que afectan a todos (es decir, en el ámbito de la legalidad), ninguna autoridad particular está por encima de lo establecido por los órganos legítimos de deliberación.
34. - Los problemas morales no son el único ámbito de acción del laicismo. La defensa y práctica de determinadas creencias simbólicas debe ser considerada, como ocurre en el caso de las religiosas, como un asunto privado sujeto al libre albedrío de los interesados, pero nunca institucionalizarse por ley como obligación pública. Esto excluye, por ejemplo, que podamos considerar democráticas las leyes y campañas de “normalización lingüística” que persiguen preservar o extender el uso de una lengua vernácula mediante medidas coercitivas que limitan la capacidad de elección libre de los ciudadanos en las comunidades oficialmente bilingües (como está ocurriendo en Catalunya, donde los empresarios están obligados a incluir los rótulos en catalán so pena de cuantiosa multa). Una vez garantizada la cooficialidad de las lenguas secundarias de una comunidad, la decisión de usarla y transmitirla debe dejarse a la elección de cada cual, de modo que su desarrollo y preservación sea libre. No ocurre lo mismo con la lengua madre, en nuestro caso el castellano, lengua absoluta y oficial, y que tal como rige la Constitución es nuestro derecho y DEBER preservarla
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