JUSTICIA
Se extiende la percepción de que el problema de la seguridad ciudadana se encuentra en una grave situación, y que los organismos responsables de aplicar las leyes carecen de efectividad. En realidad el origen del desmesurado aumento de la delincuencia, que alcanza incluso las altas esferas de los poderes económico y político, radica en la concepción del hombre que la modernidad ha asumido, y aplica en su modelo social y político.
A partir de la Ilustración, la sociedad se concibe como un entramado de relaciones contractuales entre «yoes» puros, entre los que no existe otro vínculo que su igualdad en la supremidad. Ignora la realidad de los vínculos culturales, espirituales y afectivos que precisa cualquier grupo humano para formar una comunidad.
De este concepto asistémico de lo social deriva la identificación de Justicia y norma: la inexistencia de un nivel espiritual superior al hombre del que emane la Justicia, la reduce a las normas que, previo acuerdo, aceptan los individuos.
La inviabilidad de este modelo se hace cada vez más evidente: aumentan los medios técnicos y humanos que intentan controlar el comportamiento de los ciudadanos, acercándonos peligrosamente al estado totalitario «orwelliano», y sin embargo crece de año en año la delincuencia a todos los niveles.
De esta reflexión deducimos que no existen compartimentos estancos cuando se trata de los problemas que afectan a la sociedad española, todos tienen un origen común, y comunes son en algunos casos las soluciones. Algunas propuestas realizadas en los capítulos que tratan sobre la crisis espiritual, la familia y la educación podrían encontrarse también aquí.
Por otra parte, el control que las élites políticas ejercen sobre el poder judicial, para evitar la investigación de los casos de corrupción política y financiación de los partidos políticos, entorpecen su actividad, utilizándose la aplicación de la ley como arma arrojadiza o argumento de presión para el pacto. Consideramos que toda Comunidad robusta precisa una Administración de Justicia investida en sí misma de toda la autoridad. Y esto sólo es posible garantizando la independencia judicial dentro de la estructura del Estado y de la injerencia del Gobierno. Pero también es necesario que el rigor intelectual y moral de las personas que ocupan los órganos jurisdiccionales les permitan superar las presiones externas y ajenas a su cometido. Nuestras propuestas se dirigen también a hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la defensa de las víctimas de los hechos delictivos y la lucha contra el narcotráfico.
