ECONOMÍA
Una de las herencias que la época moderna nos ha legado es sin duda un desarrollo económico sin precedentes históricos, consecuencia de un gran progreso en el saber técnico y organizativo. Siendo la economía y la técnica instrumentos al servicio de la vida humana no puede decirse, sin embargo, que este desarrollo técnico-económico haya sido filosófica y socialmente neutro en la modernidad. El progreso material ha ido de la mano de una determinada concepción de las relaciones entre el ser humano y el resto de la realidad, concepción determinada por la ideología moderna.
En la medida en que el yo humano se ha puesto a sí mismo como un absoluto con categoría de supremo resulta evidente que las únicas relaciones que puede mantener con el resto del ser son relaciones de dominación dirigidas a ponerlo a su servicio. Esta situación provoca que hoy la dimensión económica tenga un papel preponderante en la vida humana como en otras épocas la tuvo, por ejemplo, la dimensión religiosa. Nuestra época ha sido ella misma crítica con las consecuencias de este estado de cosas: en nuestro siglo se han percibido tempranamente al menos tres tipos de dificultades debidas a esta preponderancia de lo económico. En primer lugar se ha insistido en el peligro de reduccionismo que el economicismo entrañaba para la vida personal y para la vida social humana, en las que podía relegar y casi aniquilar las dimensiones espirituales, ideológicas y políticas. En segundo lugar, más recientemente se ha planteado la cuestión del deterioro ecológico que parece haber acompañado hasta ahora a todo el proceso de desarrollo económico. Finalmente ha emergido el problema de la destrucción de las identidades nacionales y culturales como consecuencia de la expansión universal de los modos económicos modernos. Es indudable que la ideología moderna ha dado una enorme importancia a lo económico en la determinación del orden social. Y parece también indudable que sus motivos centrales han conducido a un reduccionismo economicista, a una desatención al entorno natural y a una desconsideración de las raíces culturales y nacionales de los pueblos. Estos efectos perversos de la ideología moderna proceden obviamente de esa abdicación de la razón en un yo individual puro que ha colocado como valor supremo del orden social a una caricatura racionalista del ser humano.
Desde esa perspectiva ideológica, y contando con la organización de la economía como instrumento principal, la modernidad se ha constituido históricamente como el proyecto de emancipar y homogeneizar al ser humano asentándolo como dominador absoluto de este planeta a través del poder de la técnica y la organización económica. El hombre quedaría emancipado una vez que, liberado de la divinidad, de la tradición y de los vínculos comunitarios, superase a la vez las determinaciones que la naturaleza ejerce sobre él, imponiéndose a ella en la estructura técnico-económica. Puesto que esta emancipación habría de ir acompañada de la eliminación de las determinaciones diferenciales que la naturaleza, la Historia y la cultura imprimen a los seres humanos, esta emancipación coincidiría con la homogeneización mundial de la humanidad, es decir, con la producción de una humanidad abstracta.El hecho es que la reflexión crítica sobre la ideología moderna, motivada por las características de nuestra actual experiencia histórica, nos lleva hoy a pensar que el reduccionismo economicista puede no ser humanamente deseable, que la explotación exhaustiva de la naturaleza puede no ser materialmente viable, y que la homogeneización a nivel planetario puede desembocar en un desastre social y cultural.
Esta crítica nuestra, dirigida a imponer de nuevo límites a las pretensiones de la racionalidad moderna, nos obliga a resituar el papel de la economía en el contexto de la totalidad de lo social y en el ámbito general de la vida humana. Si el proyecto de la modernidad se materializó en dos grandes programas economicistas uno de los cuales -el comunismo- ha desaparecido, y de los que el segundo -el capitalismo mundial empieza a manifestar limitaciones evidentes, es el momento de ir elaborando una nueva filosofía social de la economía. Esta nueva concepción social de la economía tendrá que distanciarse de lo que era patrimonio común de comunismo y liberalismo -o sea, del economicismo- y a la vez de lo que es especifico del economicismo liberal: del intento de reducir toda la vida comunitaria a puras relaciones contractuales de mercado expandiéndose planetariamente.
Desde una posición crítica de la concepción racionalista del hombre que reconozca que el ser humano no es ningún yo puro ni un ser infinito y supremo, es fácil admitir la necesidad de que el nivel económico de lo social esté sometido a otros niveles sociales jerárquicamente superiores. Así, al reconocer que el individuo no es un ente aislado sino que vive en comunidad y que existen fines comunitarios eventualmente superiores a los fines de las partes en los contratos privados, se reconoce necesariamente que el nivel de lo político, en el que se gestionan los asuntos que afectan a la comunidad como a un todo, es jerárquicamente superior al de lo económico y que éste, por consiguiente, debe estar bajo el control de aquel en última instancia. De igual modo, una vez que el ser humano, admitiendo la realidad de su finitud, reconoce sentir la llamada hacia una racionalidad trascendente a su yo individual, se predispone a aceptar que también el nivel de lo espiritual ha de primar socialmente sobre el nivel de lo económico. Esta jerarquización de los niveles de lo espiritual, de lo político y de lo económico puede considerarse el marco general de una consideración alternativa de la economía; esta jerarquización ofrece un sitio a cada dimensión de la realidad social y evita así cualquier reduccionismo. La economía queda a partir de aquí contextualizada en la totalidad de la vida humana y, abandonando su prepotencia, ha de mostrarse respetuosa con las condiciones generales del vivir del hombre: debe adaptarse a las necesidades humanas en lugar de crearlas ella misma, debe aprender a convivir con el entorno natural en lugar de expoliarlo sistemáticamente.
II. Aspectos generales de la política económica
1. Marco general: Desde una concepción no reduccionista de la sociedad es evidente que el nivel económico ha de tener su campo propio y en él autonomía para funcionar según sus leyes. Esto significa que no se deben eliminar los mercados sino que hay que dejarlos funcionar dentro del marco que la dirección política nacional establezca. El mercado no debe ser concebido, como en el liberalismo, como el resultado de un dogma inatacable, sino como un instrumento al servicio de la economía nacional, y en cuanto tal podrá estar sometido a una intervención discrecional desde el poder político. Precisamente la dirección política de la economía se ejerce desde el Estado y éste tiene en la economía moderna dos funciones esenciales:
- La regulación de la masa monetaria y los tipos de interés, que compete a la política monetaria.
- La recaudación de los impuestos y el gasto público, que compete a la política fiscal.
1. La política monetaria.
El dinero es la energía de una economía de mercado, es la enzima que cataliza toda la actividad. Si el dinero es demasiado escaso, el tipo de interés será demasiado alto y la inversión y el consumo serán insuficientes; la consecuencia será el paro y la disminución de la producción nacional. El interés nacional exige, por tanto, que los tipos de interés bajen hasta el nivel que permita alcanzar el pleno empleo: esto es lo que el interés político exige a la economía y para que esta exigencia sea satisfecha es necesario que la emisión de moneda, función del banco central, esté controlada por la autoridad política. Sin embargo, en la mayoría de los países occidentales observamos que lo que sucede es todo lo contrario: existen altos tipos de interés que retienen la inversión y provocan paro. Es importante tener claro que esto es debido a que las élites financieras están interesadas en que existan elevados tipos de interés para que su dinero sea bien remunerado; en virtud del dominio que ejercen sobre las élites políticas imponen políticas monetarias restrictivas o de ajuste, que benefician las rentas del capital pero perjudican a trabajadores, empresarios y a la producción nacional. Estos intereses se camuflan tras el discurso económico neoliberal (monetarista) que desaconseja la utilización de la política monetaria para alcanzar el pleno empleo y exagera la importancia y el peligro de la inflación. El discurso neoliberal, para impedir que la política monetaria quede bajo dirección política, pretende que los bancos emisores sean independientes del gobierno como sucede en USA, en Alemania, y en la Unión Europea.
Frente al discurso liberal que obedece al dogma individualista de la no intervención del mercado y favorece objetivamente los intereses de las élites financieras, nuestro discurso exigirá que la política monetaria se someta a las directrices políticas generales y, a través de ellas, al interés común de la nación.
3. La política fiscal
Así como las élites financieras procuran obtener el máximo beneficio de la política monetaria, las élites políticas del Sistema utilizan los recursos del Estado para enriquecerse y recompensar a sus clientelas políticas. El resultado es un gasto público desmesurado que se ve acrecentado por las necesidades de asistencia social que supone un elevado índice de desempleo. Es necesario acabar con el enriquecimiento de la burocracia de los partidos a costa del dinero público y es necesario acabar con una política económica que prefiere pagar desempleo antes que crear puestos de trabajo. Es necesario hacer disminuir el gasto público acabando con la corrupción y reactivando la economía. La reactivación de la economía hará crecer los ingresos públicos y disminuir los gastos asistenciales con lo que se hará menor, a la vez, el déficit del Estado. Esto permitirá más tarde aminorar la presión impositiva. Por otra parte el gasto del Estado debe someterse a una selección cualitativa: la inversión pública y el gasto en infraestructuras son más importantes que el gasto improductivo.
4. Conclusión.
La adecuada sumisión de la economía a la dirección política a través de la política económica asegurará que el instrumento del mercado y la finanza pública respondan a los intereses nacionales, esencialmente a la meta económica prioritaria: EL PLENO EMPLEO. Esto implica romper las dos formas modernas de explotación del cuerpo social señaladas por el profesor Funes Robert: la explotación que las élites financieras ejercen a través de los tipos de interés y la explotación que las élites políticas ejercen a través de los impuestos.
Para la realización de una política monetaria adecuada es necesario contar con un apoyo social suficiente: en el futuro será necesario llegar con las fuerzas sociales a un pacto de solidaridad nacional para impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo. El Estado debe impulsar ese pacto proponiendo a los sindicatos de empresarios y trabajadores una política económica de crecimiento, que beneficia tanto a unos como a otros. En la medida en que los sindicatos han renunciado a la lucha de clases y a la sustitución del mercado por una economía estatalizada será tanto más fácil alcanzar un acuerdo.
El sentido último de la política económica es alcanzar la meta moral de que todo ciudadano tenga en su puesto de trabajo una misión social que desarrollar.
III. Empresa y relaciones laborales
Jurídicamente la empresa está concebida hoy según el dogma contractualista liberal: individuos puros contratan entre sí aportando unos el capital y otros el trabajo y dando lugar a una relación en la que no existen más que los intereses de las partes. También a este concepto responde el antiguo planteamiento sindical de la lucha de clases. Pero la realidad de la empresa es otra: la empresa es un todo organizado con fines propios y superior a la suma de las partes. La concepción individualista de la empresa obstaculiza su buen funcionamiento: impide la colaboración efectiva entre todos sus componentes y dificulta el flujo de información. La estructura de la empresa debe evolucionar hacia una integración sistémica de los factores: dirección, técnica, trabajo y capital. Los comités sindicales de empresa deben evolucionar hacia órganos de cogestión -los llamados «círculos de calidad», por ejemplo- y hay que ensayar nuevas formas de retribución del trabajo, yendo más allá del salario a una participación en los beneficios, como proponen un buen número de economistas modernos, entre ellos el alemán Herbert Giersch o el español Jesús Lizcano. Esta integración de factores es lo que hará ágil, flexible y funcional a la empresa.
Con estas medidas se introduce en el seno de la empresa una nueva filosofía económica que va más allá de los dogmas de la concepción liberal, y que permite ofrecer un modelo alternativo de agilidad y flexibilidad empresarial no basado en los despidos masivos.
IV. Relaciones económicas internacionales
El proyecto del capitalismo actual que conlleva el reducir a la humanidad a un solo mercado mundial, entiende que las relaciones económicas internacionales deben consistir en una liberación total de los mercados mundiales. Esto conduciría a una división internacional del trabajo a través de la especialización de cada país en aquel tipo de producción para el que tiene ventajas comparativas. A favor de este proyecto se argumenta que esta situación traería beneficios para todos. Esto es verdad en cierta medida pero, desde una óptica no liberal, cabe poner cinco tipos de reparos al proceso de división internacional del trabajo y a la liberalización de los mercados mundiales:
- Las diferencias de valor añadido entre unas actividades y otras pueden condenar a determinados países a una situación de pobreza relativa; estos países pueden estar legítimamente interesados en proteger algunos sectores de su economía hasta que sean capaces de competir en los mercados internacionales.
- Las consideraciones económicas no son las únicas que deben pesar sobre la economía: las naciones pueden estar interesadas en preservar determinados sectores considerados de importancia estratégica.
- Tampoco resulta evidente que sea deseable el proceso de homogeneización de las condiciones de vida que implica la liberalización total de los mercados: para competir con los productos del Sureste asiático los europeos tendrían que trabajar y vivir como los japoneses o tailandeses, lo que muy bien puede ser contradictorio con su carácter nacional y cultural.
- La liberalización de los mercados y la consiguiente reconversión de la actividad puede dar lugar a procesos humanamente traumáticos y socialmente no deseables: la agricultura europea y japonesa se verían tan amenazadas por una liberalización total de sus mercados que la clase campesina tendría prácticamente que desaparecer, lo que no es socialmente deseable.
- Finalmente a la liberalización excesiva de los mercados pueden seguir procesos masivos de especulación desestabilizadora: es lo que ha sucedido en los mercados de divisas con las llamadas «tormentas monetarias».
En general hay que tender a incrementar el intercambio y la cooperación económica internacionales, pero sin dejarse llevar por el dogma liberal o el interés de las élites económicas internacionales; también aquí la economía ha de estar sometida a la dirección política nacional.
La consideración de la realidad cultural y nacional humana aconseja hacer los procesos de expansión de las áreas económicas concordes con las grandes divisiones étnicas y culturales de la humanidad: así la creación de un mercado común europeo es una tendencia natural, del mismo modo que otras zonas del planeta pueden tender en el futuro a la creación de áreas económicas sobre criterios étnicos: los países árabes, el sureste asiático, etc. Esta teoría, llamada de las áreas o zonas autocentradas, es el término medio razonable entre el nacionalismo estrecho y el mundialismo liberal.
V. La situación de la economía española
España pasó, a lo largo del período histórico de la modernidad, de una situación de riqueza, debida a la posesión de un vasto imperio rico en metales preciosos, a una situación de atraso económico y tecnológico. Este atraso fue consecuencia de la decadencia política y de la pérdida de las colonias, pero tuvo también sus causas en la inestabilidad política de gran parte de nuestra historia contemporánea. En general las épocas de estabilidad política fueron a la vez épocas de progreso económico, mientras que la inestabilidad fue acompañada de estancamiento o retroceso. No cabe duda de que España ha disfrutado de tres épocas recientes de estabilidad política: el periodo que va desde 1939 a 1975, y los años del gobierno del P.S.O.E. y del P.P. A pesar de que nuestra economía se ha modernizado notablemente en estos periodos de estabilidad social, lo cierto es que la política económica del P.S.O.E. y del P.P. ha terminado por ponerla en una situación verdaderamente difícil con relación a los retos que se le plantearan en el futuro inmediato. Parece necesario realizar un breve análisis de las características de esta política. Para los años del P.S.O.E. podríamos utilizar el titulo aparentemente contradictorio de monetarismo socialdemócrata para describir la política económica realizada. El P.S.O.E. ha practicado, en efecto, simultáneamente una política monetaria restrictiva y una política fiscal de dispendio en subsidios y de aumento de impuestos. Es una realidad que la economía de mercado, aun siendo hoy por hoy con mucho la más eficiente, no es, con todo, espontáneamente perfecta. Las economías de mercado se encuentran hoy con dos tensiones sociales fundamentales: una de ellas procede de la presión de los más desfavorecidos, que no aceptan la «distribución inicial» de la riqueza, a favor de medidas redistributivas; otra procede de la contradicción entre los intereses de quienes viven de las rentas del capital y quieren un dinero caro, y los intereses de la producción nacional y el empleo que exigen tipos de interés bajos. La estrategia político-electoral del P.S.O.E. para controlar estas tensiones ha sido la siguiente: por una parte se ha practicado una política monetaria restrictiva que ha favorecido las rentas del capital y ha contentado a los intereses económicos más poderosos; por otra parte se ha utilizado el dinero público para subsidiar a las víctimas de la política anterior -esencialmente a los parados- creando así una clientela electoral subsidiada. Los rendimientos electorales de esta estrategia para el P.S.O.E. pueden estimarse como magníficos, pero sus efectos sobre nuestra economía pueden considerarse desastrosos.
En efecto, por una parte los altos tipos de interés han estrangulado la inversión, en un momento en que era preciso renovar e incrementar el aparato productivo para la inminente competencia con el exterior, y han paralizado la creación de empleo. Por otra parte los altos impuestos han desanimado la actividad económica y el consumo sin que ello impidiera que gastos aún mayores abrieran como una sima la cuantía de nuestro déficit y de nuestra deuda pública. Con las recientes reformas laborales y con los recortes presupuestarios, el gobierno intenta hoy reparar este último efecto sin haber resuelto antes los anteriores, esencialmente el desempleo. El resultado global es una bajísima tasa de actividad, un grave deterioro de nuestro tejido industrial y un erario público con poca capacidad de maniobra, y en conjunto una situación pésima para la competencia con las economías exteriores.
Para remediar esta situación nuestra propuesta apunta hacia una política económica simétricamente inversa a la practicada por el P. S. O.E. Apostamos por una redistribución a favor de las rentas del trabajo -y no de las rentas del ocio- mediante un descenso de los tipos de interés y una intensiva creación de empleo y no mediante la espiral de «impuestos- y-subsidios». Apostamos por un saneamiento de las cuentas públicas como resultado del incremento de la actividad económica general, es decir, mediante el aumento de la recaudación provocado por el aumento de actividad —y que puede ir acompañado de una reducción de los tipos impositivos— y mediante la disminución del gasto, resultante de la disminución del desempleo. Desde la llegada al gobierno del PP nos enfrentamos a una política económica dictada por las condiciones de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Estas condiciones han neutralizado la capacidad de España de realizar una política económica ajustada a sus necesidades:
1. La política monetaria ha sido secuestrada y entregada al Banco Central Europeo, que tiene como mandato legal prioritario la estabilidad de los precios, y no la estimulación del crecimiento de la economía y el empleo; y que en consecuencia mantiene tipos de interés mucho más altos que los que nuestra economía necesita.
2. La política fiscal ha sido neutralizada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que tiende a imponer el dogma neoliberal del déficit cero.
3. La política cambiaria ha quedado anulada desde el 99 por el cambio fijo con las divisas de la UEM. Esto ha impedido la tradicional depreciación de la peseta, mediante la cual compensábamos nuestro diferencial de inflación para mantener nuestra competitividad y nuestras exportaciones. El efecto más inmediato de nuestra incorporación al Euro ha sido un déficit histórico en nuestra balanza exterior en el año 2009, que a su vez ha deprimido la demanda y ha lanzado a España a la desaceleración económica tan visible ya en el 2010.
