Somos conscientes de que a lo largo de la Historia ha habido siempre personas que han emigrado de un país a otro, y de que las naciones no son sistemas perfectamente aislados ni deben llegar a serlo. Pero sólo en momentos excepcionales de la Historia se dan movimientos de población masivos que no obedecen a esporádicas decisiones individuales de emigración, sino a tendencias colectivas de desplazamiento en gran número y muy concentrado en el tiempo: a estos desplazamientos es a los que cabe denominar “inmigración masiva”, y, lejos de ser normales, son excepcionales y generalmente catastróficos en la historia de la humanidad.
España, como otros países europeos, sufre una inmigración masiva y continuada que amenaza con modificar sustancialmente su identidad nacional, cultural y social. Es evidente que el fenómeno de la inmigración debe ser entendido en el contexto de la globalización capitalista. Para los teóricos liberales de la globalización, la inmigración no es más que la liberalización de la circulación de mano de obra que, junto a la libre circulación de mercancías y capitales, es un pilar de la doctrina librecambista.
Paralelamente, para el capitalismo occidental la inmigración significa un aporte continuo de mano de obra dócil y barata que, provocando una superoferta de mano de obra, permite la continua reducción de los salarios reales y de las garantías laborales.
Los partidos de izquierda y los sindicatos obreros, actuando como verdaderos lacayos del capitalismo global, apoyan decididamente la inmigración, traicionando con ello los intereses de los trabajadores españoles. Los españoles sufrimos desempleo. A pesar de los retoques, las estadísticas confirman que el número de desempleados superaba en el 2001 los dos millones de personas; los datos económicos cantan: en el 2000 nuestro PIB creció en términos reales un 4.1%, mientras los salarios decrecían también en términos reales un 1.7 %. ¿Cómo es esto posible si no es por la existencia de un exceso de oferta de mano de obra, es decir, de un alto grado de desempleo? Además, un 35 % de los españoles que trabajan lo hacen en condiciones de precariedad, con contratos temporales o a tiempo parcial. En resumen, poco más de un 50 % de los españoles que quieren trabajar tienen un puesto de trabajo satisfactorio.
Y, en estas condiciones, se permite que entren en el país casi 300000 inmigrantes anuales. La inmensa mayoría de estos extranjeros no vienen a hacer el trabajo que los españoles no quieren, como se dice. Vienen a constituir una reserva de mano de obra que permite al capital deteriorar progresivamente y en su beneficio las condiciones laborales, hasta el punto de que se ofertan empleos inaceptables para los trabajadores españoles que se niegan a renunciar a los derechos laborales conseguidos en siglos de lucha. Los españoles desplazados del mercado laboral serán sustituidos por extranjeros dispuestos a aceptar salarios y condiciones de trabajo propias de siglos pasados. Es un ataque en toda regla contra los derechos de los trabajadores españoles; un ataque que va acompañado por las oportunas reformas laborales mediante las cuales los gobernantes legalizan la nueva explotación.
Pero incluso aunque los españoles no sufriéramos desempleo, está claro que el número de inmigrantes supera con mucho, para cada periodo de tiempo, el número de puestos de trabajo que nuestra economía crea. En estas circunstancias es obligado que el grueso de los inmigrantes esté destinado al desempleo o a la delincuencia. Según datos oficiales, el índice de delincuencia de los extranjeros en España es diez veces superior al de los españoles nativos. Por otra parte, es evidente que el crimen organizado, las mafias, está estrechamente relacionado con el tráfico de inmigrantes, y es dirigido mayoritariamente por extranjeros: inmigración masiva, narcotráfico y prostitución organizada son fenómenos realmente vinculados, con independencia de que haya quien no quiera ver lo evidente.
La inmigración masiva supone, pues, una grave amenaza para la seguridad ciudadana y el orden social. Cada día más y más zonas de España se convierten en inhabitables para los españoles, que se ven rodeados de extranjeros, que además de robarles el trabajo, alteran profundamente el orden social y la seguridad ciudadanas.
A eso hay que añadir que la mayoría de los inmigrantes proceden de países con una cultura muy diferente a la nuestra, lo que por una parte hace muy difícil su integración, y, por otra, amenaza nuestra identidad nacional y cultural, así como nuestra cohesión social. Los conflictos interétnicos e interculturales sobre nuestro suelo serán el producto inevitable de la inmigración que ya se está produciendo.
Es necesario, además, deshacer el mito de que la inmigración masiva es necesaria para que no quiebre la Seguridad Social, para que, dada nuestra baja tasa de natalidad, podamos asegurar las pensiones de los jubilados. Consideremos que, por una parte, la mayoría de los inmigrantes no se integra en los circuitos económicos legales, sino que acaba en el desempleo, en la delincuencia o en la economía sumergida. Estos inmigrantes no cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos, pero sí que tienen derecho a recibir atención sanitaria y los servicios de los organismos oficiales de protección social, lo que supone un enorme gasto público. Pero incluso los inmigrantes que trabajan legalmente reciben más de lo que aportan, puesto que engrosan las franjas de trabajadores con salarios más bajos, que son los que menos cotizan y más subsidios reciben.
Además de esto, es moralmente inadmisible pretender que la solución para el envejecimiento de la población española consista en que los españoles seamos progresivamente sustituidos en nuestro suelo por extranjeros: esta inmigración de sustitución equivale a un genocidio lento y bien planificado de la nación española.
1º) El derecho de los españoles a conservar su identidad nacional y cultural en el ámbito de su territorio.
2º) El derecho constitucional de los españoles a un trabajo digno.
3º) El derecho constitucional de los españoles a la seguridad personal y colectiva.
4º) Nuestro deber moral humanitario de socorrer a toda persona que se halle en situación de grave necesidad, cualquiera que sea su raza, nacionalidad o cultura.
5º) El deber de solucionar los problemas a los que están sometidos los países subdesarrollados, de manera que sus habitantes no se vean avocados a abandonar sus países en busca de la supervivencia.
